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                  Por Enzo Daniel Giulietti

Este trabajo nace de una necesidad impetuosa por analizar y tratar nuestra realidad cultural desde todos sus puntos de vista. Lo considero una mezcla de doctrina con artículo periodístico en el cual, intentando una relación intersubjetiva, explico y fundamento esta situación caótica en la que se encuentra inmersa nuestra sociedad, en la que la política y el derecho se consideran ámbitos engañosos, de los cuales se tiende a apartar, impidiendo de esa manera un mejoramiento de los mismos y por ende aumento de fe en ellos y avance de nuestra vida no sólo como sociedad sino como Estado.

Al principio podrán ver que afirmo que la política se subordina al derecho pero sin embargo también hablo de que sin política no hay derecho. La razón se encuentra en el hecho de que objetivamente hablando el derecho hace y rige a la política, por lo tanto esta depende de aquel, sin embargo, al ser luego manejado aquel por esta, si no se acciona políticamente bien, es decir, respetando el ordenamiento jurídico, el derecho desaparece, de manera ficticia, es decir, se cae en la anomia, en ese estado en el que tiene vigencia y tal vez validez, pero no respeto, vale decir, eficacia.

La investigación no tiene citas de autores ni bibliografía porque pretende ser sumamente innovadora y subjetiva en cuenta al análisis del objeto, cuyo proceso de alcance me ha dispensado de la necesidad de recurrir a otros autores, aunque debo reconocer que al escribir he tenido en cuenta mucho material previamente leído.

“Sin derecho justo no hay política correcta, sin  política correcta no hay derecho justo y sin política correcta y derecho justo no hay humanidad”

Antes de comenzar a desarrollar este tema creo necesario aclarar que si bien la fe en la política es una cosa y la fe en el derecho es otra, no necesariamente son dos cosas antinómicas pues la política esta impregnada de juridicidad y, por el otro lado, el derecho lo está de politicidad; la mayoría de la doctrina y en esa me incluyo, sostiene que la primera debe estar subordinada al segundo pero siempre hubo y hay teorías que se niegan a ver al derecho como una herramienta útil para el control social y político y por ende pretenden apartarlo de la política y el poder, como las corrientes marxistas. Dicho de tal modo, podríamos decir que, al menos en la Argentina, la política es gobernada por el derecho - al menos teóricamente, tema que mas adelante intentaré explicar - y por lo tanto la pérdida o aumento de la fe en el derecho lleva una pérdida o aumento implícito - o explícito - de la fe en la política y viceversa pues el derecho es creado y aplicado por el Poder Público y en ciertas ocasiones podríamos incluir al pueblo allí.

Para empezar podríamos fundamentar el por qué de esta “pérdida de la fe”, y si bien los factores son diversos he creído que entre los más importantes encontramos los siguientes: 1- ignorancia, escepticismo e indiferencia hacia la política y el derecho. 2- falta de cumplimiento por parte de los ciudadanos y del mismo Poder Público de las normas de derecho que rigen al Estado (anomia general). 3- falta de proyectos necesarios, útiles y viables para el mejoramiento del Estado en su más amplio sentido (político, jurídico, social) y, en contraposición, abundamientos de proyectos fútiles que persiguen fines utópicos, irrealistas y/o intereses más privados que públicos. 4- falta de “concientización e instrucción ciudadana” sobre estos temas que impliquen empresas educativas para toda la ciudadanía. Si bien puedo haber omitido otros factores que a lo mejor son esenciales desde el punto de vista de otras personas (aunque más adelante nombraré otros que son indirectos e incluso no tan indirectos), creo que los anteriores resumen suficientemente bien el por qué del problema. Ahora sería necesario explicar brevemente cada uno de ellos para tener una base más sólida de lo que intento fundamentar y explicar.

1-         ignorancia, escepticismo e indiferencia hacia la política y el derecho

Si bien el título lo explica casi todo vale decir que es obvio que estos factores colaborar para disminuir la fe “jurídico-política” pues si no nos interesamos por la política - no necesariamente la actividad política, aunque puedan ser considerados sinónimos en ciertos contextos; por ende, haciendo referencia a la realidad política en la que vivimos - ya sea periodísticamente, doctrinariamente, etc., es imposible creer en ello, pues somos legos, nos alejamos suponiendo que es algo malo pues ignoramos en qué consiste, ignoramos hasta que significa la política - en especial la argentina - y caemos en la típica asociación de “hacer política” con hacer negocios, “robar legalmente” - connotando la corrupción política -, la burocracia, y nunca pensamos en como mejorar eso, porque no sabemos nada al respecto, y si bien pensar todo ello puede ser razonable, es necesario entender todo ello,  es igualmente necesario participar activa o pasivamente a fin de mejorar lo defectuoso pues el bien individual que suele prevalecer como fin en las personas que caen en este estado, como todos los bienes individuales, dependen del bien común y del buen desarrollo de la política (y el derecho), pues el bien común es el “requisito de logro de todos los fines individuales”. 

Con respecto al derecho, podemos decir que las consecuencias de la ignorancia, el escepticismo y la indiferencia son aún peores. La indiferencia, que por lo general lleva implícita la ignorancia, puede llevar a una constante infracción de las normas jurídicas que, como sabemos, pueden desembocar en la peor consecuencia, la privación legitima de la libertad - en la Argentina -. El escepticismo, si bien no implica desconocer las normas, suele caer en un cinismo que tiende siempre a la crítica pero nunca a la mejora, y en colaboración todos estos factores explicados crean la “anomia general” que es ese estado en que las normas han perdido eficacia como control estatal y que incluye todo tipo de anomia específica. Aquí vale destacar la llamada “anomia boba” que describiera Carlos Nino en su libro “Un país al margen de la ley”, es decir, aquel incumplimiento de normas que nos perjudican y de ningún modo nos benefician en nada o que su relativo beneficio no es nada comparado con su perjuicio.

2-         falta de cumplimiento por parte de los ciudadanos y del mismo Poder Público de las normas de derecho que rigen al Estado (anomia general)

Este punto es un factor derivado del primero y oportunamente explicado. Sin embargo acá me refiero a la anomia conciente, es decir, al no cumplimiento voluntario del derecho e incluso conociendo, al menos parcialmente, el mismo, y que hoy en día es masivamente ejercitado por cualquier clase de persona - en el sentido de trabajador, edad, etc. -. Hoy en día la consigna pareciera que fuese “como violar más inteligentemente el sistema”. Pero sin embargo se lo viola de cualquier manera, inteligente o no, y el fruto de todo esto lo vemos en las cárceles, en la cantidad de causas en los tribunales, en la cantidad de asesinatos, robos, hurtos, violaciones, etc. Más que el resultado de un problema económico, esto es el resultado de un importante deterioro cultural que esta sufriendo nuestro país y quizás una de las causas más importantes es la falta de algo o alguien que “de el ejemplo”, una frase tan utilizada diariamente pero tan solo nominativamente, pues desde el mismo Poder Público la corrupción es altamente notable, la falta de honestidad - habrán notado el escándalo de las cifras en el INDEC-, el “trabajo por influencias más que por idoneidad”, son agentes que deterioran aún más la situación y llevan a la población a inferir que si del propio gobierno no se cumplen ni siquiera importantes pautas constitucionales - miren los superpoderes del presidente, la manera en la que el Poder Ejecutivo hace y deshace en el Poder Legislativo e incluso en el Judicial, despidiendo o contratando (o influyendo en los despidos o contrataciones) de acuerdo a si la persona le sirve para “sus” fines o no, más que para su gestión - sino observen la manera en la que el presidente pretendió aumentar las retenciones a las exportaciones y la subsiguiente masa de despidos de funcionarios públicos - y mantenimiento y contratación de otros notablemente no idóneos para su función -.

3-         falta de proyectos necesarios, útiles y viables para el mejoramiento del Estado en su más amplio sentido (político, jurídico, social) y, en contraposición, abundamientos de proyectos fútiles que persiguen fines utópicos, irrealistas y/o intereses más privados que públicos

Este punto es imposible de analizar y discutir en pocas hojas y tiempo pero dado que este pretende ser un trabajo breve intentaré explicar sencillamente a que me refiero precedentemente. 

En la Argentina actualmente y ya desde hace tiempo, incluso de antes del llamado “Proceso de reorganización nacional” (1976-1983), es decir, el último gobierno de facto, la crisis cultural en su más amplio sentido que estamos padeciendo, es decir, la crisis política, jurídica, económica, social, etc. necesita ser encausada para su solución al menos progresivamente y en este aspecto el derecho juega un papel fundamental como “herramienta de control del Estado”, sin embargo, la demagogia, la corrupción, la burocracia, son, lamentablemente, elementos que invaden masivamente la política y penetran en el mundo jurídico para satisfacer intereses privados, intereses inconstitucionales, caprichos de nuestros gobernantes poco viables, perjudiciales para la nación, y la manera en que el poder de los grupos de presión y el partido oficialista se ejerce sobre el Poder Legislativo han dado lugar a una ola de proyectos de ley “caprichos” como la pretendida estatización de una empresa en quiebra como “Aerolíneas Argentinas”, y lo peor es cuando se da lugar a proyectos totalmente fútiles, pues habiendo tantos problemas en esta nación querer “cambiar la cara de Roca por la de Azurduy en el billete de cien” es una muestra irrefutable de la poca seriedad con la que nuestros mandatarios ejercen su rol como tales. Lo peor de todo es que el pueblo los “elige” y aquí la falta de instrucción sobre el tema y la manera fácil en la se compra al argentino - su voto - son causas fundamentales de esta terrible situación, que ya es tema del siguiente punto a tratar.

Actualmente nuestro país necesita más que nunca de verdaderos proyectos de ley y futuras leyes que modifiquen todos los inconvenientes anteriormente descriptos y quizás sea necesario, para empezar, lograr un verdadero contrapeso de los poderes públicos pues nuestro sistema presidencialista puede resultar útil solo en la medida en la que el presidente lo sea, sin importar mucho la idoneidad de los demás mandatarios pues el Poder Ejecutivo influye en casi todos los asuntos públicos - quizás el poder Judicial sí es bastante autónomo pero el presidente igualmente interviene cuando por ejemplo nombra magistrados federales de acuerdo a una terna que se envía del Consejo de la Magistratura con la respectiva idoneidad de los concursantes, y que muchas veces termina en la elección de personas “conocidas” más que capaces - y los hechos actuales son más que testigos para demostrar ello. Nuestro ordenamiento jurídico está muy bien trabajado pero en la práctica se lo está respetando muy poco, de allí de la necesidad de sanción de nuevas leyes y/o empresas para un verdadero respeto del derecho positivo ya establecido, que modifiquen esa constante tendencia a la inconstitucionalidad y termine por desaparecer - al menos en lo máximo posible -. Y si bien la Ley Suprema es un documento que debe evitarse estar manipulándolo constantemente pues su carácter es de rigidez, si su modificación implicaría un verdadero cambio, quizás es hora de hacer actuar un verdadero poder constituyente.

Si se quiere vale aclarar que la actual situación descripta por este subtitulo sólo logra que casi toda la población - por lo general mientras no se ve perjudicada en potencialidad - denoste la política y adopte una postura cínica y escéptica ante el “burlado derecho”.

4-         falta de “concientización e instrucción ciudadana” sobre estos temas que impliquen empresas educativas para toda la ciudadanía

Este terrible descreimiento en la política y el derecho no aparece porque sí de un modo desconocido, sino que, como mencioné anteriormente, el terrible “deterioro cultural” que atraviesa nuestra sociedad es el responsable - quizás el único -número uno del problema. Y este factor se relaciona con diversos ámbitos de instrucción pública cuyos fines están altamente desviados y quizás la escuela es el principal de ellos. En la escuela se debe concientizar e instruir a futuros políticos, en el sentido de hombre conocedores de la realidad social y política en la que les toca vivir y no a meros reproductores de teorías absurdas u obsoletas, y demás está decir que definitivamente no debe ser un ámbito en el que no se les termine enseñando nada útil y práctico. El derecho debe ser un eje fundamental en la enseñanza política y, si bien no se puede pretender que se les enseñe temas especializados, quizás el conocimiento completo de la Constitución Nacional (C.N) sea un buen comienzo. Se debería fomentar la lectura por parte del gobierno a todos los ciudadanos de un documento tan importante como lo es la C.N y su respectiva explicación. Justamente la misma está escrita en lenguaje sencillo (como gran parte del derecho positivo) y es incluso barata, porque su fin es que todos puedan tener acceso a ella, leerla y entenderla a fin de respetarla. Hoy en día muchísimos planes de estudio de Escuelas e incluso universidades son irrealistas y quizás este punto se traduciría mejor en la consigna “hacer realista la educación pública”.

Para concluir vale destacar también que la falta de idoneidad de un gran número de maestros y profesores a la hora de enseñar es de suma importancia, y planes para controles eventuales de su capacidad sería fundamental para evitar este problema que desemboca en que niños, luego adolescentes y finalmente adultos caigan en la tan aborrecida ignorancia e indiferencia por la Ley y la política. También he podido observar como profesores intentan adoctrinar a sus alumnos con su pensamiento, al estilo del “pensamiento único”. Si bien este punto está fuera de contexto es otro elemento que muestra el poco respeto hasta de los profesores por las instituciones pues la libertad de pensamiento es una de las tantas libertades consagradas y protegidas por el ordenamiento jurídico a nivel constitucional.

Una vez expuestos todos estos fundamentos es necesario responder a la pregunta ¿qué se hace ante esta situación que no va a llevarnos más que a convertir este Estado de Derecho en un Estado sin Derecho o de pseudo-Derecho (dejando de lado que muchas personas ya lo consideran como tal). La respuesta requiere sin lugar a duda un análisis pluridisciplinario e interdisciplinario a la vez, en el que todos los sectores y todos los especialistas en Ciencias Sociales, Políticas, Jurídicas e Económicas incluso, debatan, pues no es sólo un problema del derecho o de la política, sino que es, como he dicho, un problema cultural, de degradación cultural, por lo tanto requiere un estudio abarcativo del hombre, de la sociedad, de la cultura y del derecho (argentinos en este caso), postulados no negociables podríamos decir del Modelo Jurídico Multidimensional propuesto por Fernando Martínez Paz y al que se han incorporado otros juristas pero que está en plena construcción.

Si bien a lo largo de la explicación de los factores causales he nombrado en parte las soluciones a los mismos, podría decir que la fe en la política se consolida con un remedio eficaz, simple, pero siempre y cuando se lo lleve a cabo con responsabilidad, insistencia y esmero: la participación en la vida política del país. La justificación se encuentra en el sólo hecho de que si no participamos, y dejamos ese aspecto de la vida de nuestro Estado, por lo tanto de nosotros (el pueblo) como elemento fundamental de ese Estado, al libre arbitrio de nuestros mandatarios, fomentamos tomas de decisiones sin control alguno que pueden llevar al peor de los hundimientos ya sea social, económico, etc. Es verdad que si los elegimos fue porque presumimos su idoneidad y el derecho los limita, pero un estado en el que nadie como pueblo constantemente reclame aquello para lo  cual fueron designados, promueve sin lugar a dudas la corrupción del poder, la cual es comprensible, no éticamente, pero si naturalmente: el hombre, decía Aristóteles, es un animal político (zoon politikón), y como tal, sino se le ponen trabas actuará desmedidamente más allá de los límites que puedan imponérsele pues aquí, aunque no guste decirle, quien gobierna decide y quien decide establece, y por lo tanto un gobierno sin control activo o pasivo por parte del pueblo, puede llevar al establecimiento de validez de decisiones totalmente arbitrarias lo que termina desembocando en la necesidad de la intervención constante de abogados, especialistas y otros medios de influencia y/o presión para la exigibilidad de la revocación de tales medidas. Un ejemplo irrefutable fue la sanción de la resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones. Por lo tanto, y en conclusión, podríamos decir que la participación activa y/o pasiva en la política dentro del marco de la legalidad, es el remedio más fuerte contra las arbitrariedades de los gobernantes que desembocan en esta tan detestada disminución de credibilidad en la política. Aquí vale aclarar que la participación fuera del marco legal está justificada - no jurídicamente hablando - siempre y cuando no perjudique a terceros (es decir al pueblo) y al patrimonio estatal y además se esté bregando contra ilegalidades provenientes de nuestros gobernantes. Estos dos requisitos únicamente justificarían una participación activa o pasiva tal vez ilegal, pero moderada. Por su parte, el derecho positivo es siempre el instrumento o medio de prueba para determinar la legalidad o ilegalidad de un acto. Y aquí valdría hacer una mención sobre por qué el derecho positivo, si vale aplicar el derecho natural y sus principios, la influencia de la universalización de los derechos humanos en esta terrible situación anómica a la que hemos llegado tan incomprensiblemente (aunque parezca una paradoja pues el reconocimiento de la protección jurídica de derechos fundamentales sería un incentivo de bien actuar para la población y el mismo gobierno; lo que podría llegar a considerase un factor más pero indirecto de los anteriormente categorizados y explicados), su repercusión en esto que llamo “pérdida de fe en el derecho y la política”, y, por último, si tal vez esto no se debe a otros factores culturales ajenos a estos anteriormente mencionados.

Si bien analizar la cuestión o dicotomía, si se quiere, derecho positivo-derecho natural es alejarse tal vez bastante del objetivo de este trabajo, creo necesario hacer mención de la misma ya que cuando hablo de la fe perdida en el derecho, me refiero al derecho positivo, al derecho estatal, y no porque crea que es el único derecho, sino porque si bien cabe aceptar que pueden existir principios superiores y anteriores al mismo en los cuales este se funda y se debe (o debería) fundar, la cuestión es demás controvertida pues nadie puede con certeza establecer y enumerar de manera estricta el contenido concreto del derecho natural. Nuestro derecho positivo debe estar fundado en principios fundamentales como los derechos humanos que son considerados derecho natural pero a lo que voy es que, a final de cuenta, el derecho que importa a la hora de actuar es el positivo, por estar establecido sin más que una u otra incertidumbre en cuanto a su interpretación literal; eso que damos en llamar derecho natural es sólo un conjunto de principios que el derecho positivo debe respetar pero en cuanto los toma en cuenta y los incorpora, se trasforman en derecho positivo, por lo tanto, guste o no, el único derecho vigente en el Estado, no digo que sea el único filosóficamente hablando, es el derecho positivo, la palabra “positivo” lo indica, es el derecho real, material y formalmente hablando.

Una vez realizado un muy breve análisis de una cuestión que implica muchas hojas más, reitero, como dije, que lo que no está funcionado es nuestro derecho positivo. Cabe ahora preguntarse ¿por qué? ¿Por no respetar esos principios superiores? La respuesta a la segunda pregunta es que no. Nuestro derecho positivo y gran parte del derecho internacional, ha incorpora exitosamente mucho contenido de derecho natural luego de este llamado renacimiento del iusnaturalismo y el derecho natural tras la Primera y sobre todo Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que queda sin responder la primera pregunta. La respuesta requiere mucha investigación previa pero se puede decir que las causas son múltiples y en este caso a una de ellas la podríamos relacionar con el dicho “peor el remedio que la enfermedad”. Quizás es demasiado extremo pero va ayudar a entender mejor la situación. Esta internacionalización e universalización que han alcanzado los derechos humanos y los derechos “personalísimos” o fundamentales, esos que consagra el derecho natural, ha sido un logro histórico que tal vez recién este fructificando en el mundo jurídico, quizás sobre todo a través de los fallos, pero cabe preguntarse, ¿y en la sociedad? Si el derecho está encaminando hacia una mejor humanización del mundo, ¿por qué son tantos las infracciones y sobre todo los delitos dentro de estas que afectan tan grave y abundantemente al país (aquí dejaré de lado la situación mundial en la que en muchos países sí se nota el cambio y en otras no)? Ha simple sentido podríamos decir que se está abusando de estas libertades tan importantes que se están otorgando y quizás es así. El delincuente no mide las consecuencias que pueden tener sus actos a la hora de delinquir, salvo algunas pocas excepciones, pero tiene esa idea, no podría determinar si por experiencia o influencias, de que en todo caso, si de prisión, reclusión o afines se trata, va a entrar por una puerta y salir por la otra y mientras tanto va a aprender consejos en la facultad del delincuente. Si bien podemos decir que no es tan así, sí podemos decir que, aunque está bien que nuestro derecho penal sea liberal, preventivita, debe evitar que los delincuentes abusen de este beneficio que se les otorga para su reinserción social. Sin entrar en más cuestiones no pertinentes, se puede decir que la fe en el derecho se esta dando a consecuencia también de este abuso de libertades que se están otorgando, o si quiere, de la conversión que muchos hacen de la libertad en libertinaje. Es obvio que ante tal situación caótica, explotada a su vez y mostrada de la peor manera por los medios  de comunicación, se genera una pérdida de fe en el derecho, aunque en general, no sólo penal, y, por un lado, alejan a la gente de toda credibilidad en el mismo, y por el otro, incentivan a los delincuentes - y aquí podríamos incluir a funcionarios públicos que no ejercen su mandato con la debida diligencia - a delinquir sin limite alguno, derivando también en pérdida de fe en la política, pues, como he dicho anteriormente, se complementan recíprocamente. 
 

Valdría ahora considerar si todo esto de la mala visión que se tiene del derecho y la política no se debe a causas culturales ajenas a las mencionadas.

Podemos decir que también se debe a causas culturales ajenas a las ya mencionadas pero que no las excluyen pues la cultura de una sociedad abarca todos los modos de vida de ésta, la política, las ideologías, el derecho, y por lo tanto, todo lo dicho.

Los factores en el que voy a hacer hincapié son dos: la crisis económica y los cambios culturales nacidos de ella.

Breve pero concisamente, podría decirse que la crisis económica de nuestro país, sobre todo a partir de fines de los noventa cuando el sistema realmente colapsó, ocasionó una ola de delincuencia que todavía hoy tiene lugar, tal vez en mayor grado, fruto de los despidos, la suba de precios, los recortes de salarios, que impiden a las personas subsistir siquiera con lo mínimo indispensable. Sin embargo vemos que hoy en día el delito es actividad habitual de personas que no son necesariamente pobres, como si se hubiese hecho una costumbre marginal, lo cual es de gravísima importancia al impedir el desarrollo de nuestra sociedad, la salida de nuestro “subdesarrollo” e incluso la concreción de goce de esos derechos humanos, pues si se han consagrado por nuestro derecho positivo el derecho a la vida, a la integridad física, etc., y luego un tercero nos va a restringir ese derecho, de nada sirve legislar sobre el tema, más allá del castigo judicial que se tome luego del delito, pues el bien jurídico - en sentido amplio - pudo haber sido irreversiblemente dañado. El derecho podría ser un instrumento capaz de cambiar esta terrible desculturalización de nuestra sociedad, no necesariamente a través del derecho penal sino del derecho en su conjunto, aliado con políticas educativas y fomentadoras de un verdadero bien común llevado a cabo por quienes ejercen el Poder Público. Sin embargo, la precariedad de estas políticas y/o tal vez las malas medidas tomadas están impidiendo tal solución y generando de manera negativa, un estado social política y jurídicamente anómico constante.

Una manifestación cultural importante (negativa) no es sólo el hecho del crecimiento de delincuencia sino también el hecho que se fomenta la misma a través de muchísimos medios que tal vez y hasta no tienen tal objetivo como meta. Si bien se pueden dar muchos ejemplos que deben ser corregidos necesariamente, podemos mencionar, entre algunos, la música, que tanta influencia tiene en niños, jóvenes y adultos. Mucha música incita a delinquir aunque pueda no llegar a creerse y es una realidad no fácil de cuestionar, al igual que mucha televisión, pero el problema ya rebalsa los objetivos de este trabajo y me sumerge en temas demasiado controvertidos como para extraer una conclusión certera.

Finalmente cabe preguntarnos cómo solucionar entonces el problema de la pérdida de fe en el derecho y la política. Sin lugar a dudas, mejorándolos. Y ¿cómo los mejoramos? Participando tanto activa como - al menos - pasivamente en todo lo fundamental - y demás, si se puede y quiere - que ellos impliquen y cuyo acceso a la comunidad es jurídicamente permitido. La solución es fácil pero abarcativa, sin embargo, para no ser reiterativo y concluir este sencillo trabajo, remitiéndome a todo lo anteriormente mencionado, daré una aproximación a la misma con una cadena de premisas e infiriendo una de otra: la fe en el derecho va a depender de la seguridad jurídica y la justicia social y jurídica, las que a su vez van a depender de la política de quienes ejercen el Poder Público, cuyos integrantes crean, (interpretan también) y aplican el derecho, lo que requiere entonces participar activa o pasivamente en la vida política de nuestro país para así ejercer un control sobre ellos y velar siempre por el bien común (y evitar a su vez la desconfianza en la política).